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¡Ah! qué caray, con razón, era “abrazos, no balazos y pague puntualmente su derecho de piso”. No pues, así igual sí funciona “la estrategia”.

Con eso de que el Estado ya reconoce oficialmente al SAT y al narco, como entidades de recaudación. Sólo falta que nos digan cuál va a ser el procedimiento, es decir, ¿es un mes y un mes?, ¿o cómo va a funcionar?

Lo que vivimos en estos últimos tres días, fue inédito en la historia de nuestra ciudad, en la historia de nuestro estado, vivimos actos de terrorismo que, si bien veíamos en otras entidades y lejanas, ahora nos hicieron sentir vulnerables y nos convirtieron en parte de la noticia.

Nos alcanzó la corrupción e impunidad, esta descomposición social que sigue destrozando al país, pero sobre todo la polarización que por los últimos cuatro años ha estado fomentando el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, para quien estos actos terroristas fueron actos propagandísticos, por cuestiones políticas, porque según él, no hubo pérdida de vidas humanas.

Los hechos nos dejan ver la frivolidad de las justificaciones frente a la ineficiencia y la falta de resultados de su gobierno en materia de seguridad. Así escuchamos a la presidenta municipal de Tijuana, Monserrat Caballero, reconocimiento tácitamente la capitulación del Estado al narco, reconociendo que hay cobro de facturas o piso por parte de los delincuentes.

Baste recordar cómo por Baja California circula mucha droga con la complacencia de las autoridades, por eso el pago de piso, muchísima más que la que se ha incautado en todos los estados integrantes del país.

Esta “estrategia de pacificación” que impulsa el gobierno federal y sus gobiernos estatales y municipales emanados de Morena, revelan acuerdos con los delincuentes, en lo que por sus dichos se deduce que cada quien a lo suyo y no hay problema, situación que ya se les fue de las manos.

Vemos como la delincuencia gana terreno y se mueve con toda libertad, como nunca antes los habíamos visto en Baja California, demostrando que tienen poder de combate y que burlan la inteligencia de seguridad.

Nos dieron una muestra de cómo pocos pueden desestabilizar el estado o todo el país en cuestión de minutos o de horas. El miedo que infundieron, la lentitud en la respuesta de las autoridades en el estado, que tardaron seis horas para emitir un posicionamiento.

El impacto que representó a la economía del estado y en los municipios, por el terror que provocaron, y ante la falta de un protocolo de actuación por parte de las autoridades, siendo la prudencia de los ciudadanos que se auto impusieron un toque de queda, resguardándose en sus casas, evitando salir, la mejor manera de reaccionar frente a los acontecimientos violentos.

Sin embargo, este caos que derivó en el cierre de empresas, el cierre maquiladoras, el cierre de centros de esparcimiento, de restaurantes, cancelación del servicio del transporte público.

En la alerta que emitió la Embajada Americana a su población sobre la recomendación de no visitar el estado, provocando que los cruceros no atracaron en Ensenada y la cancelación del 90% de las reservaciones en hoteles, aunado a a pérdida económica que sufrió el sector exportador.

En esta guerra de terror, vimos cómo en unas horas toda la libertad se perdió. Lo que nos lleva a un punto de inflexión como sociedad, o exigimos a nuestras autoridades que cumplan con su responsabilidad, recuperamos el espacio público o ¿aceptamos vivir bajo el yugo del crimen organizado?

Y es que la única esperanza de recuperar la libertad está en la sociedad, pues no serán los partidos los que la organicen, sino la sociedad misma.

Columna originalmente
publicada en El Vigía