Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador, distrae a los mexicanos con el “Plan B” de su reforma electoral que atenta contra la democracia, es el mismo “Plan B” el que usa de cortina de grueso humo para dar otro golpe a las instituciones, ahora a la ciencia, la tecnología y la innovación.
El 13 de diciembre pasado el presidente envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para “transformar al Conacyt”, creando el “Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación”, integrando a su junta de gobierno a su gabinete, y que ellos definan el destino de los centros públicos de investigación del país.
Con esta propuesta, que es a todas luces inconstitucional, no sólo elimina al Consejo de Ciencia y Tecnología, sino que impone desde el Estado la agenda de investigación científica y tecnológica y violenta la libertad de cátedra, quitándosela a los investigadores, alineándolos.
Y, por si fuera poco, también les quita los recursos disponibles para hacer ciencia, como ya lo hizo al eliminar los fideicomisos para la ciencia y la tecnología, lo que representa un retroceso más a la ciencia en el país.
AMLO usó el mismo “modus operandi” que utilizó con su “Plan B electoral”, cuando envió su iniciativa para expedir su Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, para crear el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, y abrogar la Ley de Ciencia y Tecnología y la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
Cuando el 13 de diciembre el presidente excluyó las otras cinco iniciativas presentadas, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, para darle prioridad a su iniciativa, presentada a los diputados y turnada a la Comisión de Educación, obviamente con la instrucción a sus legisladores croqueteros de que no le cambien “Ni una coma”.
Y es que a dos años del retraso para materializar una reforma científica, que el 15 de mayo de 2019 se promulgó en la parte constitucional y se mandató un artículo transitorio expedir la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación a más tardar el 31 de diciembre de 2020, como parte de la obligación del Estado de considerar el derecho humano para el acceso a la ciencia, tecnología e innovación, pero por diversas razones, entre otras, la pandemia, no lo hicieron quedando el Congreso en falta.
Y con el argumento de que “se dejó de lado el interés nacional”, fue que el presidente envió su iniciativa, misma que trastoca el Sistema Nacional de Investigadores al prohibir la evaluación de sus integrantes por expertos externos y sus pares.
Un enorme retroceso en la investigación es lo que se avecina con esta propuesta ideológica y centralista de la ciencia, la tecnología y la innovación.
Un enorme golpe más al sistema educativo en el país, ya de por sí manoseado y desmantelado.
Desde el Congreso debe abrirse la discusión, a través de instrumentos como el parlamento abierto a todos los actores científicos, académicos, a las universidades, a los centros de investigación y a las propias empresas tecnológicas, para que se pueda definir realmente cuáles son las necesidades del país.
Ya basta de obligar al país a sólo verse el ombligo, menos en cuanto a ciencia, tecnología e innovación se refiere.
Hoy, cuando el futuro de la humanidad apoya sus fortalezas en la ciencia y la tecnología, para la conquista del espacio, por ejemplo, que abre una ventana de oportunidad a las nuevas generaciones, en vez de apoyarlas las desbarrancan.
No debe avanzar la ignorancia. ¡Ya basta!
