Distintos hechos ocurridos estos primeros días del año nuevo, evidencian el endeble sistema de justicia y la falta de seguridad en el que vivimos los mexicanos.
“Habemus” presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; la ministra Norma Lucía Piña, fue electa con 6 votos luego de tres rondas de votación, para el periodo 2023-2026.
Escribiendo así historia la Suprema Corte de Justicia de la Nación al elegir, por primera vez, a una ministra mujer para presidir a la institución que vela por la legalidad en el país, rompiendo el techo de cristal.
En su primer mensaje expresó que al tomar posesión representará a todas las mujeres dentro del Poder Judicial y a las ciudadanas.
“Nos esforzaremos todos los días por una sociedad más justa, más igualitaria, sin violencia contra las mujeres. Ese es un anhelo, que no les quepa duda”, dijo.
Esperemos que con esta decisión podemos decir que ganó México y no el autoritarismo que busca desde palacio nacional el debilitamiento y el control de las instituciones.
Porque después de la tormenta en la que se vio envuelta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, justo semanas previas a la elección de la ministra o ministro presidente de la misma, donde la ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien contaba con el respaldo absoluto del presidente Andrés Manuel López Obrador, fuera acusada por el escritor y periodista Guillermo Sheridan de supuesto plagio de la tesis de licenciatura con la que se graduó en 1987.
Y luego de que la UNAM confirmó el plagio a través de su boletín oficial, la ministra se dedicó a mentir para conservar el puesto, mostrando con ello que sus valores son el plagio y la mentira. Y lo más triste es que, a pesar de ello, sí hubo quien votara por ella, obteniendo dos votos. Afortunadamente no fue electa, pero deja ver fragilidad en la institución que imparte justicia.
Seguridad el Talón de Aquiles de la 4T
El drama con que amanece Ciudad Juárez revela la vulnerabilidad del sistema penitenciario y la relajación de los protocolos de seguridad en los mismos. Pues precisamente en plenas vacaciones decembrinas sucede en las primeras horas del primer día del Año Nuevo, un motín en el Cereso 3 de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde se fugaron 30 internos y se reportaron 17 muertos entre los que 10 eran custodios.
Esto prende las alertas de lo que puede ocurrir en otras partes del país, sobre todo en los estados que están dentro los 10 más violentos, como es el caso de Baja California. Y es que Ciudad Juárez es la segunda ciudad más violenta después de Tijuana.
Hechos como este dejan ver la falta de estrategia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como de la falta de coordinación con las entidades federativas, en este caso el Gobierno de Chihuahua presidido por la Gobernadora María Eugenia Campos, quién dio luz de lo sucedido junto con su secretario hasta horas de la tarde, dejando ver que estaban de vacaciones.
Hechos similares sucedieron el 13 de agosto del 2022 en Baja California gobernada por Marina del Pilar Ávila Olmeda, cuando fueron sitiadas por el narcotráfico las principales ciudades del estado: Mexicali, Tijuana, Rosarito Tecate y Ensenada. Provocando terror, miedo e incertidumbre en los ciudadanos. Y las autoridades también se hicieron presentes hasta un día después.
Es claro que la seguridad es un talón de Aquiles del actual Gobierno Federal, que ha fallado con su estrategia de no “abrazos y no balazos”, la militarización del país, y la falta de recursos a los estados.
