En Baja California cualquier ciudadano sabe que acá la lluvia no es de verano. Nuestro calendario es al revés, el cielo se nos viene encima en otoño e invierno. Y este año, la advertencia venía con altavoz. La Conagua, la NOAA, más organismos internacionales avisaron con meses de anticipación que el fenómeno de El Niño venía bravo, con más del 90 por ciento de probabilidad de pegar duro en nuestra temporada húmeda. Con ese historial cíclico de tormentas y desastres que arrastramos, la autoridad debería estar limpiando arroyos, reubicando invasiones y aplicando planes de Protección Civil. Pues no.
En tres semanas, Ensenada pagó la factura de esa desidia criminal. Primero fue la tormenta Rachel, que el 10 de octubre reventó el arroyo El Pípila y se cobró diez vidas, arrastrando casas completas y dejando a cientos en la calle. Apenas la madrugada del 1 de noviembre, el arroyo San Carlos se desbordó e inundó El Salitral, obligando a evacuar a más de 160 personas en medio de humedales y cables con corriente que electrocutaban a los propios bomberos.
Y ante los hechos, la respuesta oficial de los tres órdenes de gobierno se reduce a una frase miserable: “no aplica”.
El primer “no aplica” vino del gobierno estatal. Tras el impacto de Rachel, la alcaldesa Claudia Agatón solicitó a la gobernadora Marina del Pilar Ávila tramitar la declaratoria de desastre para jalar recursos federales. La mandataria zanjó el tema con frialdad “no aplica en estos momentos”. En un acto de magia burocrática, el conteo municipal de 596 viviendas destruidas pasó a ser de apenas nueve casas en el reporte del Estado. ¿Quién le mintió en la cara a los damnificados? Sin Fonden y con las reglas sustituidas por el capricho político, si el gobierno del estado no quiere pedir ayuda, a la Federación simplemente no le importa abrir la cartera.
Por supuesto, la Federación no canta mal las rancheras. Los arroyos son zonas de jurisdicción federal y su desazolve toca directamente a Conagua. Se les pidió formalmente que limpiaran los cauces a finales de octubre; no movieron un dedo y una semana después el San Carlos tapizó de lodo a El Salitral. Hoy la Fiscalía General de la República investiga al delegado estatal de Conagua por omisiones ante la tragedia. ¿De qué sirve una carpeta de investigación penal para quien ya perdió a un familiar?
El segundo “no aplica” es el municipal, y ese apesta a complicidad. Dicen en el Ayuntamiento que no hay dinero porque la tesorería está asfixiada, de enero a septiembre apenas llegó el 19 por ciento de participaciones federales, y en meses como marzo y septiembre recibieron cero pesos. ¿Dónde queda ese dinero? En pagar deudas viejas, como el crédito de Hirata en 2015 por 665 millones y las cuotas de ISR no reportadas de Marco Novelo y en un negocio redondo, la concesión de luminarias que Armando Ayala le dejó amarrada a la empresa Trafficlight por más de mil 900 millones de pesos a 15 años.
A esa empresa privada se le transfieren casi nueve millones mensuales, mientras la obra pública con recursos propios apenas araña los veinte millones anuales. Lo peor, es que hay presupuesto garantizado para que las lámparas prendan, pero no para drenaje pluvial en una ciudad donde el 80 por ciento de las calles no tiene. La propia Agatón admite que el contrato no sirve, pero alega que “no hay marcha atrás” y prefiere no revisar el acuerdo que ella misma votó como diputada local. ¿Por qué se rehúsan a tocarlo si la Auditoría Superior de la Federación ya le observó casi 95 millones de pesos?
Ya cargamos diez ataúdes a cuestas. El invierno apenas arranca y El Niño no va a esperar a que los burócratas se pongan de acuerdo. O el Cabildo rescinde de inmediato esas concesiones leoninas para meterle dinero a cauces y drenajes pluviales, o Conagua saca la maquinaria a los arroyos, o nos preparamos para el siguiente entierro. Gobernar no es lavarse las manos ni esconderse tras un oficio; gobernar es cuidar a la gente. Si no pueden con eso, que tengan la decencia de renunciar.
