La violencia tiene al país cubierto de sangre y la delincuencia tiene tomado el espacio público imponiendo un modelo de gobernanza paralelo al estilo de la mafia, cobrando piso, cobrando por seguridad. Aunque las autoridades lo nieguen y se escuden culpando a los ciudadanos dizque “porque no denuncian”.
La realidad es que la estrategia de “abrazos y no balazos” ha sido un rotundo fracaso, la Guardia Nacional no dio resultados y la violencia que al inicio de este sexenio de terror la conocíamos a través de los medios de comunicación en otros estados, ya nos alcanzó en Baja California, prueba de ello son los últimos hechos violentos que han tenido bajo acecho a los municipios del estado, y la confirmación con la reciente renuncia del Fiscal General de Estado, Iván Carpio “por motivos personales”.
El propio Congreso del Estado es corresponsable de la inseguridad en el Estado, pues fueron ellos quienes relajaron el marco legal para darle paso al ahora ex fiscal del Estado.
La realidad es que además del desastre de la política de seguridad en la entidad, la falta de compromiso de las autoridades federales, tienen a Baja California a merced de los delincuentes. Nunca se ha presentado el fiscal general de la República, ni sus responsables asignados al Estado, aunado a la incompetencia de la Guardia Nacional y del Ejército.
No pinta bien la seguridad en el estado bajo alerta de género y a merced de los criminales. Y eso que la “seguridad” es un parámetro necesario para medir el riesgo para las empresas interesadas en relocalizar sus operaciones en esta frontera.
Y por si esto fuera poco, los flamantes diputados de Morena con tal de quedar bien con AMLO, amenazan con aplicar tremendo recorte al Poder de Judicial Federal perfilado en 25 mil millones de pesos. Así su venganza contra el Poder Judicial le vendrá a amolar más la vida a mexicanos y bajacalifornianos.
Si hay un segmento de la población con el que el presidente Andrés Manuel se ha ensañado, es el de los niños, niñas y adolescentes. Ha destruido todo el entorno de políticas públicas que los amparaban, que les garantizaban un desarrollo óptimo desde que estaban en el vientre de su madre, hasta lograr su nutrición y talla en los primeros seis años de vida, garantizándoles un desarrollo adecuado lejos de la desnutrición.
Todo este entorno se ha cambiado por una retahíla de políticas públicas clientelares, que ahora presumen como un gran logro, en lo que supuestamente la pobreza ha disminuido y lo califican como “logro histórico”. En realidad, lo que en realidad se tiene con el modelo social de AMLO son un montón de contradicciones.
Según la medición de pobreza que realizó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la pobreza se redujo sensiblemente entre 2018 y 2022 en 5.1 millones, al pasar de 51.9 a 46.8 millones; sin embargo, la pobreza extrema aumentó en 0.4 millones a 9.1 millones.
En contraste, con el impacto de los ingresos en la pobreza las carencias sociales mostraron claros retrocesos. Y es aquí en donde encontramos estas claras contradicciones de tener menor pobreza con las mayores carencias sociales, como consecuencia de las transferencias en efectivo a la población como dádivas sin condiciones y por encima de los servicios sociales que la ley privilegia, como el servicio de atención a la salud, la alimentación y la educación, por mencionar algunos.
Y del rezago en educación pues este aumentó en 1.6 millones y súmele ahora con el capricho de instrumentar un cambio en el modelo educativo sobre las rodillas. Más con el hígado que con la razón.
La cuestión es que si este desastre no se revierte pronto la población quedará más en estado de vulnerabilidad social, derivando en un país desnutrido, enfermo y sin educación.
Ojalá que la Gobernadora Marina del Pilar escuche a los padres y madres de familia de Baja California y decida en favor de ellos y no de AMLO y sus contradicciones.
