Por más increíble que parezca el horror y la indignación de esta historia de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, se repitió en la capital de Baja California, Mexicali, ciudad que ya tiene su Ayotzinapa.
Quién se iba a imaginar que esta historia de 43 jóvenes desaparecidos o asesinados, se repetiría en nuestra capital, y de no ser por el reclamo de justicia de los padres de los últimos jóvenes desaparecidos hubieran pasado desapercibidos y siendo parte de las estadísticas negras del país.
Y lo más triste, es constatar que el mismo tratamiento indolente que recibieron los padres de los 43, que con su sangre y el dolor de sus padres pavimentaron el camino a la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador y a su desgobierno llamado “La Cuarta Transformación”, quien una vez sentado en la silla de su Palacio Nacional se olvidó de ellos y de los compromisos que hizo de esclarecer la verdad y ofrecer justicia a las familias.
Y ese es el mismo trato que reciben los desaparecidos en Baja California, es lo que hemos visto de parte de las autoridades, sólo excusas sonsas ante sus actos negligentes, como es caso del secretario del Ayuntamiento de Mexicali, responsable de otorgar las licencias de operación y vigilar la operación de antros, justificándose tras una retahíla de irregularidades administrativas de las que se “acaba de enterar”, según lo declarado por él. Un secretario estatal de seguridad ciudadana que nada más no da con bola y un fiscal general estatal que tiene el porcentaje de bateo más bajo en casos judicializados en el estado.
En un escenario en dónde hasta la actual gobernadora del Estado es acusada de ser propietaria de algún negocio de los giros de la zona, (situación que en su conferencia mañanera aclaró no ser dueña algún antro afortunadamente), en donde el fiscal general del Estado, reconoce de la operación de células delictivas en esa zona de antros, se ve complicado que las medidas anunciadas por las autoridades de reducción de horarios, evite la operación de este tipo de grupos delictivos.
Corta se quedan las medidas impuestas por la autoridad, como la instalación de cámaras y detectores de metales en los antros, que ya las hay en varios de ellos, pero eso no garantiza que las autoridades digan que ahora sí van a cumplir con su obligación.
Si los padres de los desaparecidos obligaron a las autoridades a dar la cara, y desnudar sus ineficiencias, no deberían bajar la guardia y promover que los jóvenes no asistan a esos antros, en donde las autoridades no tienen la capacidad de brindarles seguridad y buscar el apoyo de la sociedad para difundir su causa y no promocionar esos lugares.
Además, sería fundamental que los padres les exijan a sus hijos no asistir a esos antros, pues sería una manera de causarles pérdidas económicas hasta que garanticen la seguridad de los muchachos que asisten.
Además, esto serviría para evidenciar a las autoridades si es que tienen arreglos turbios con ellos.
La participación ciudadana es la esperanza de que las autoridades cumplan con su responsabilidad, la que el pueblo de Baja California les confirió con su voto.
Pues es triste ver como este tema tan doloroso e indignante ha servido para que los grupos antagónicos de la cuarta transformación en el Estado, léase el del ex gobernador Jaime Bonilla, sus aliados sembrados en los municipios y el Congreso del Estado, y el del actual Gobierno del Estado de la Gobernadora Marina del Pilar, se disputen el poder político rumbo al 2024, sobre el dolor y las lágrimas de las familias del estado.
