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A este gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador, nada más no le cuadran los números, o traen otros datos, o son unos pillos. Y es que por un lado, con cifras publicadas por Transparencia Presupuestaria; todo indica que en el presupuesto 2020, se despacharon con la cuchara grande, pues tuvieron un sobre-ejercicio de poco más de 35 mil millones de pesos, escandaloso, pues pagaron más de lo que se les aprobó en los presupuestos.

Decisiones con un alto costo social para los mexicanos pues, los excesos pagados son muy por arriba del gasto en salud de 25 mil millones de pesos y del de educación en 19 mil millones de pesos. Lo que se traduce en menos hospitales, menos escuelas, menos vacunas, etc. Y esto, solo en las obras prioritarias de su gobierno, como el aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y Sembrando Vida.

Por otro lado, el día de ayer, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), presentó la revisión de la Cuenta Pública 2020, en la que se encontraron irregularidades millonarias, en las obras insignia del Gobierno.

La ASF realizó 15 auditorías financieras y de desempeño a las obras prioritarias del Gobierno Federal, entre las que encontró sobrecostos y retrasos en la ejecución.

En el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, por ejemplo, se aplicaron 9 auditorías en las que detectaron adjudicaciones de contratos con costos mayores de los programados para la torre de control, además de pagos sin comprobación, contratos que incumplen los requisitos de acreditación.

Además de otras anomalías como el donativo hecho de materiales valuados en 6 mil millones de pesos, pero fueron registrados en “costo cero”.

En el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), la ASF encontró irregularidades millonarias en el presupuesto ejercido en 2020 para adquirir equipos y materiales contra la pandemia del Covid-19. Entre las que se encontraron pagos duplicados, incumplimiento en las entregas por falta de proveedores, así como inconsistencias en el resguardo y distribución de las vacunas.

Además de más de un millón de mascarillas KN95 con un costo de 40.5 millones de pesos que no se conoce su destino; así como pendiente la acreditación de 600.3 millones de pesos, destinados a la compra de 2 mil 250 ventiladores, entre otras.

Y así el mismo patrón de anomalías, en la Refinería de Dos Bocas y el Tren Maya. Y como si no fuera suficiente, rayan en el descaro, las irregularidades encontradas en Segalmex, la empresa que dota de granos y leche a los más pobres del país.

Esta empresa fue creada por decreto presidencial al inicio de la administración y sustituyó a la Conasupo, Diconsa y Liconsa, que son empresas paraestatales, hoy subordinadas a Segalmex y han operado como compradoras y distribuidoras, especialmente, de granos, alimentos no perecederos y leche.

La ASF detectó a Segalmex, Diconsa y Liconsa presunta corrupción por 8 mil 638 mdp; las mayores anomalías en el ejercicio fiscal de 2020, irregularidades en los rubros de contrataciones, comprobación de pagos, falta de mercancías y salidas de efectivo injustificadas en 2020.

En conjunto, las anomalías detectadas representan un monto de 63 mil 10 millones de pesos. De ese total, 2 mil 181.1 millones sí fueron aclarados, pero falta por esclarecer el destino de 60 mil 229 millones, para los cuales las dependencias tienen 30 días para hacerlo.

En la mañanera del día lunes 21 el presidente Andrés Manuel López Obrador, a pregunta expresa de la prensa por los resultados presentados por la ASF, respondió; “En este gobierno no hay ladrones”; y agitando su pañuelo “gris”, dijo que se aclararán las irregularidades halladas por la ASF. Que los conservadores atacan a su gobierno.

Columna originalmente
publicada en El Vigía