¿Qué celebramos realmente los mexicanos durante las fiestas patrias del 16 de septiembre? ¿Conmemoramos los más de doscientos años de la Independencia de México, que nos llevaron a construir una república con la división de poderes, un país democrático y de libertades? ¿O festejamos la devastación del poder judicial y el inicio de la desaparición de la democracia y la libertad?
Lo que hemos sido testigos en esta etapa final del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador es el uso indebido del poder para acabar con el poder judicial tal como lo conocemos, así como para implementar una serie de reformas constitucionales que sirven como contrapeso al poder presidencialista.
Es el remate final que ha estado cocinando desde el primer día de su desastroso mandato. A un mes de su partida, presenciamos cómo ha utilizado los recursos del Estado para presionar a sus opositores políticos y obligarlos a someterse a su voluntad.
Hemos sido testigos de cómo ha desafiado la legalidad, manipulando las leyes para obtener una mayoría legislativa que no fue otorgada a su partido Morena, sino a la oposición. De manera cínica, ha logrado una maquinaria legislativa que aprueba sin objeciones sus dictámenes.
Lo ocurrido va más allá de la vergonzosa escena protagonizada por los senadores traidores, junto con los senadores oficialistas Adán Augusto y el cuestionable Salgado Macedonio. Esta situación ha sido simplemente el colofón, ya que hemos sido testigos de cómo se ha pavimentado el camino hacia el debilitamiento de las instituciones para lograr sus objetivos.
Por un lado, se han omitido los nombramientos pendientes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, seguido por la designación de ministros a modo en tribunales electorales, asegurándose de que estos acaten sus designios. Asimismo, se ha debilitado al Instituto Nacional Electoral, con el fin de obtener una mayoría ficticia en el poder legislativo.
Con un poder judicial debilitado y la desaparición de organismos autónomos que actúan como contrapeso al poder presidencial, no solo dejamos a los ciudadanos en total estado de indefensión frente al Estado, sino que también se afecta a la economía al no haber garantía del Estado de Derecho.
Lo más grave es que con esta concentración de poder, si bien no se instaura un dictador, se establece un régimen dictatorial, ya que quien llega al poder tiene la capacidad de hacer y deshacer a su antojo en el país. El único “contrapeso” que se permite es la buena voluntad de quien gobierne, pero la historia mundial nos dice que este elemento no siempre está presente.
Apenas hace escasos 30 años que se empezaron a construir los contrapesos al poder, el papel del Poder Ejecutivo, incluido el Instituto Federal Electoral (IFE) ahora INE, ha sido fundamental al transferir el control de la organización de elecciones del gobierno a los ciudadanos. A través del sistema de partidos, se ha garantizado el acceso al poder para seguir fortaleciendo el desarrollo democrático del país, impactando no solo en el ámbito electoral, sino también en el económico y social.
Sin embargo, a pesar de los avances significativos logrados en el crecimiento y desarrollo de México, aún persisten problemas como la corrupción y la impunidad. Lamentablemente, estos temas han sido aprovechados por ciertos actores, como AMLO, para socavar la democracia mexicana.
La realidad actual nos muestra que la promesa de acabar con la desigualdad se ha convertido en un mero eslogan, ya que los ricos se vuelven más ricos mientras los pobres continúan en una situación de vulnerabilidad.
Nos encontramos en un momento crítico que demanda la atención y acción de toda la sociedad, con el propósito de salvaguardar los principios democráticos y las libertades frente al abuso de poder.
La incertidumbre nos lleva a plantearnos si el sistema de partidos, como pilares de acceso al poder, estarán a la altura de las circunstancias o seguirán en la misma dinámica actual. Es necesario reflexionar sobre este tema de vital importancia para el futuro de nuestro país o lo que quede él.
