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Con la aprobación de la reforma que destruye al Poder Judicial, no solo se elimina la democracia en México, también la viabilidad de partidos políticos de oposición está en riesgo.

La credibilidad de los partidos de la oposición se encuentra en una encrucijada decisiva frente a la amenaza que representa la posible aprobación de una reforma que supone la aniquilación del Poder Judicial. Particularmente, partidos como el PRI, el PAN y MC se enfrentan a un desafío crucial en cuanto a su cohesión y capacidad para cumplir con el mandato popular de votar en contra de esta situación.

La falta de unidad entre estos partidos constituye un peligro inminente que podría resultar en la pérdida total de su credibilidad y llevarlos hacia la extinción política.

Pues esta situación consolidaría a Morena como poder hegemónico, y daría cumplimiento al mandato del AMLO de implementar su reforma política que contempla la eliminación de la reelección y el financiamiento a los partidos políticos.

Y es que, en el ocaso de su mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador persiste en su empeño someter al Poder Judicial, el único bastión que se ha atrevido a interponerse en su obstinación por llevar adelante sus proyectos emblemáticos sin respetar las leyes. Esto se refleja en cada una de sus decisiones como la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, cuya factura se sigue pagando a pesar de su paralización.

Además, de otros proyectos “emblemáticos” o llamados “elefantes blancos”, como el aeropuerto de Santa Lucía (AIFA) evidencian no solo un incremento desmesurado en costos, sino también la falta de transparencia, la viabilidad en su ejecución y su nula contribución a la solución de los problemas.

Situaciones similares se observan en la construcción de la refinería de Dos Bocas, cuyo presupuesto se ha triplicado sin lograr su finalización y puesta operación eso si se ha inaugurado en dos ocasiones.

El presidente López Obrador también ha implementado políticas cuestionables, como la denominada ‘austeridad republicana’, que ha debilitado o desaparecido a diversas dependencias del gobierno federal como el Seguro Popular, y ha dado paso a medidas como el INSABI y el IMSS Bienestar, que han generado críticas por sus efectos negativos en el sistema de salud y cancelado el acceso a tratamientos médicos, especialmente en mujeres, niñas y niños con cáncer.

El manejo de la pandemia por parte del Gobierno ha dejado mucho que desear, con consecuencias devastadoras que se reflejan en la pérdida de vidas, incluidas familias enteras, así como en un elevado número de personal de salud fallecido. Esta crisis ha dejado también a una gran cantidad de niños huérfanos, aumentando la precariedad social.

Mientras tanto, la construcción del Tren Maya ha generado controversias al haberse llevado a cabo sin seguir los protocolos establecidos, sin una adecuada socialización del proyecto y sin tomar en cuenta las opiniones de diferentes grupos de interés, como los ambientalistas.

En este contexto, es crucial que los partidos políticos y las autoridades actúen con responsabilidad y en beneficio del bienestar de la sociedad en su conjunto, buscando siempre el diálogo, la colaboración y el respeto a los derechos humanos y a la legalidad.

A raíz de esta crisis surge la intención de Mario Delgado, presidente del Partido Morena, de brindar al presidente AMLO un regalo de impunidad al término de su mandato: la propuesta de debilitar el poder judicial. En caso de no ser aprobada, el presidente se arriesgaría a enfrentar posibles juicios por los excesos y arbitrariedades cometidos durante su administración”.

Columna originalmente
publicada en El Vigía
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