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La llegada de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) al poder en 2018 marcó el inicio de una era que prometía transformar radicalmente las estructuras políticas y sociales de México. Sin embargo, junto con su ambiciosa agenda de reformas, ha surgido una preocupante tendencia: el debilitamiento y la destrucción sistemática de los organismos autónomos del país.

En esta columna pretendo examinar los motivos y consecuencias de esta estrategia, que amenaza con socavar los cimientos de la democracia mexicana.

Los organismos autónomos, como el Instituto Nacional Electoral (INE), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Reguladora de Hidrocarburos (CNH), entre otros, han desempeñado un papel crucial en la consolidación democrática de México. Estos entes fueron creados para garantizar imparcialidad y objetividad en áreas críticas como elecciones, derechos humanos y regulación económica. Sin embargo, la administración de AMLO ha mostrado una gran desconfianza hacia estas instituciones, acusándolas de ser instrumentos elitistas y contrarios a los intereses del pueblo.

Uno de los casos más paradigmáticos es el del INE. Desde el inicio de su mandato, López Obrador ha sostenido que el INE es un organismo sesgado, acusado de operar en beneficio de intereses que él define como “neoliberales y conservadores”. La retórica anti-INE alcanzó su punto álgido con las propuestas de reforma electoral que buscan reducir su autonomía y presupuesto, supuestamente para hacerlo más eficiente y austero. Sin embargo, estas medidas ponen en riesgo la imparcialidad y capacidad operativa del instituto, erosionando la confianza en los procesos electorales y, por ende, en la democracia misma.

En un movimiento similar, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha sido otra de las víctimas del afán centralizador del gobierno de AMLO. La designación de Rosario Piedra Ibarra, cercana al presidente, como titular de la CNDH generó sospechas de imparcialidad. Desde entonces, se ha cuestionado la efectividad y la independencia con que este organismo aborda casos importantes de violaciones a los derechos humanos, generando una crisis de credibilidad en una institución crucial para la defensa de los derechos fundamentales de los mexicanos.

La Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) también ha sido blanco de los ataques del gobierno. Las críticas a este organismo se centran en sus decisiones respecto a la regulación de mercados, especialmente en sectores clave como la energía. La insistencia de AMLO en fortalecer a Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha llevado a confrontaciones directas con la COFECE, organismo encargado de promover la competencia económica. La narrativa oficial tiende a deslegitimar el rol de la COFECE, presentándola como una entidad obstruccionista al desarrollo económico del país.

El debilitamiento de estos organismos no puede mirarse de manera aislada; es parte de una estrategia más amplia de centralización del poder. La concentración de poder en el Ejecutivo y la marginación de contrapesos institucionales son características típicas de regímenes autoritarios. La erosión de la independencia de los organismos autónomos no sólo afecta su capacidad de actuar eficazmente, sino que también diluye los mecanismos de rendición de cuentas y supervisión que equilibran el poder en una democracia.

A largo plazo, la desmantelación de estos organismos autónomos podría tener consecuencias devastadoras para México. En primer lugar, se corre el riesgo de institucionalizar la impunidad y la corrupción, al eliminar o debilitar las entidades responsables de monitorear y sancionar abusos de poder. En segundo lugar, se aumenta la desconfianza pública en las instituciones, lo cual es perjudicial para la estabilidad social y política. Y finalmente, se socavan las bases de una economía competitiva y regulada, lo cual puede desalentar la inversión y el crecimiento económico.

En conclusión, la destrucción de los organismos autónomos por parte del gobierno de AMLO es una grave amenaza a la democracia y al Estado de Derecho en México. Estas instituciones fueron diseñadas para actuar como contrapesos y garantizar la imparcialidad y objetividad en sus respectivos ámbitos de acción. Su debilitamiento y deslegitimación no sólo ponen en riesgo su operatividad, sino que también amenazan la integridad del sistema democrático en su conjunto. Es fundamental que los sectores sociales, políticos y económicos se movilicen para defender y fortalecer estos organismos, garantizando su independencia y capacidad de acción en beneficio de todos los mexicanos.

Columna originalmente
publicada en El Vigía