A 30 días de concluir su sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador enfrenta su informe en un escenario marcado por la incertidumbre y la controversia. Durante sus 6 años de gestión, ha debilitado e incluso desaparecido instituciones que deberían contrarrestar el Poder Ejecutivo, como los órganos autónomos, a quien considera inútiles y onerosos, además de tener sometido al Congreso de la Unión.
Una de las cuestiones que más debate y preocupación ha generado en la vida política de México es la propuesta de reforma al Poder Judicial impulsada por el presidente, la cual plantea cambios significativos en la selección de magistrados, jueces y ministros, proponiendo su designación a través del voto popular, bajo la premisa de que el poder judicial está corrupto y controlado por los privilegiados.
Esta propuesta ha despertado reacciones negativas en distintos sectores de la sociedad. El reciente paro nacional de trabajadores del Poder Judicial en respuesta a esta reforma evidencia la gran preocupación que ha causado entre quienes forman parte de este ámbito. La idea de que los cargos judiciales sean ocupados por elección popular plantea dudas sobre la idoneidad e independencia de los integrantes del Poder Judicial, poniendo en riesgo la imparcialidad y calidad de las decisiones judiciales.
Estudiantes de universidades públicas y privadas, no sólo en la Ciudad de México sino en diversas ciudades del país como Mexicali, Tijuana y Ensenada en Baja California, también se han unido a las protestas mostrando su inquietud por la pérdida de democracia y las limitadas oportunidades para desarrollar una carrera en el Poder Judicial.
La posible aprobación de esta reforma ha tenido implicaciones a nivel internacional, generando tensiones en las relaciones con países vecinos como Estados Unidos y Canadá. La injerencia del presidente López Obrador en el sistema judicial mexicano ha despertado la preocupación de la comunidad internacional, la cual ve con recelo cualquier intento de debilitar las instituciones democráticas y cuestionar la separación de poderes en el país.
En cuanto a la actitud prepotente de los funcionarios de la 4T frente a las críticas, un ejemplo resaltante es la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, quien durante la entrega del sexto informe de gobierno arengó a los diputados como si estuviera en un mitin político y no en un recinto legislativo. Además, el propio presidente AMLO, durante su informe, realizó una consulta informal para validar su intención de reformar el Poder Judicial a su antojo.
El intento de perpetuar el control político mediante decisiones arbitrarias y consultas sin validez ni representatividad sólo alimenta la concentración de poder y falta de respeto por las instituciones democráticas, todo justificado bajo la premisa de que “el pueblo manda”, aunque en realidad socava la integridad de las mismas.
La preocupación por el debilitamiento de las instituciones democráticas es evidente, así como la posible pérdida de independencia en el Poder Judicial si los cargos se ocupan por elección popular, lo que resultaría en una concentración excesiva de poder en manos del Ejecutivo. Esto deja a los ciudadanos en un estado de indefensión ante un posible régimen autoritario.
Aún no se ha comprendido completamente el impacto devastador que este deterioro del Estado de Derecho puede tener en México, generando incertidumbre no sólo entre la población local, sino también entre los inversores interesados en el país.
Septiembre nos ha mostrado un país transformado por las políticas de la 4T, dejando atrás un pasado obsoleto y abriendo paso a un futuro incierto. Estamos experimentando un retroceso de 50 años que nos coloca en una desventaja significativa para enfrentar los desafíos por venir.
