El refrán popular nos recuerda que “no hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla”, y a partir del primero de octubre, nos encontraremos con un nuevo gobierno federal y nuevas administraciones municipales en Baja California.
En el caso del gobierno federal, la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo ha estado anunciando a los integrantes de su gabinete. A pesar de la esperanza renovada que surgió tras obtener “treinta y seis millones de votos” en lo que se ha denominado bono democrático, esta emoción se desvanece al descubrir que muchos de los nombramientos son figuras conocidas y hay pocos nuevos rostros en la administración de Sheinbaum.
Aunque Claudia parece gozar de popularidad entre el “pueblo bueno y sabio”, según la encuesta del El Universal, aquellos versados en economía, los inversionistas, generadores de empleo y empresas de diversos tamaños comienzan a preocuparse.
Las recientes decisiones tomadas por el gobierno de AMLO, como la destructiva reforma del poder judicial y la militarización del país, han generado varios riesgos que han tenido un impacto negativo en la estabilidad macroeconómica y la actividad económica de México.
Datos proporcionados por Banxico muestran que el crecimiento económico en este sexenio ha sido el más bajo en comparación con las últimas cinco administraciones, y el endeudamiento se encuentra en niveles récord de los últimos treinta años. Las expectativas de crecimiento para 2024 y 2025 son del 1,57% y 1,48% del PIB respectivamente.
Además del déficit fiscal persistente con una carga presupuestaria significativa que enfrenta el país, según datos de la SHCP, se espera un déficit presupuestario de 1 billón 700 mil millones de pesos para el cierre de 2020, lo que representa el 5% del PIB, la cifra más alta desde el año 2000.
La proyección para el cierre de 2024, proyecta que el déficit presupuestario alcance la misma cifra, equivalente al 5% del PIB, el porcentaje más alto desde el año 2000. En medio de esto, la llamada “austeridad republicana” parece haberse transformado en un aumento en el gasto, con una estimación de 9 billones 143 mil millones de pesos en gastos netos para el año 2024, una cantidad superior en 100 mil millones a lo aprobado por el Congreso de la Unión.
Otro riesgo significativo seguirá siendo la inflación, ya que durante el gobierno de AMLO ha sido la más alta en comparación con las últimas tres administraciones federales, llegando al 5% del PIB, muy por encima del 3% proyectado por el Banco de México.
A estos riesgos se suma el riesgo de que la ventana para el “Nearshoring” se cierre para las inversiones en el país, lo que agravaría la ya existente falta de empleos y profundizaría la precarización de los empleos actuales.
Si en el ámbito nacional, las expectativas no son alentadoras en el contexto de los ayuntamientos. A menos de 10 días de que inicien las nuevas administraciones, como en el caso de Ensenada, aún no se conocen los nombramientos de los futuros funcionarios, reflejando debilidad política.
Las cifras del Instituto de las Finanzas Públicas del Congreso de la Unión revelan que los municipios de Mexicali, Tijuana y Ensenada se encuentran entre los más endeudados del país. En el caso de Ensenada, la preocupación es notable, con más del 83% de las participaciones federales y el 90% del presupuesto estatal ya comprometidos.
Esta situación plantea un escenario poco alentador para abordar problemas cruciales como la inseguridad, la infraestructura, los problemas de falta de agua y energías eléctrica, el empleo en el futuro, sobre todo porque los problemas se agravan en los estados fronterizos como el nuestro.
Es imperativo tomar medidas urgentes para evitar que la situación empeore. Ojalá que este octubre no nos chupe la bruja.
