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En estos cuatro años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), nos han dejado una estela de destrucción del país, que podemos resumir en 10 puntos organizados en función de la gravedad de los problemas que implican.

Como primer punto considero que lo más grave son las acciones de destrucción de la democracia, el debilitamiento de los poderes Legislativo y Judicial, de los organismos autónomos, de los órdenes de gobierno y de la sociedad civil, en el proceso de acumular todo el poder posible, las facultades y los recursos, en el presidente de la república en un intento de construir un “presidencialismo tardío”.

Por lo que es previsible que la elección presidencial del año 2024 sea una elección de Estado y resulte la más inequitativa y antidemocrática desde que Manuel Bartlett Diaz impuso a Carlos Salinas de Gortari.

En segundo lugar tenemos la regresión en la vigencia de la Constitución, de la legalidad, el estado de derecho y la seguridad jurídica, ante la inobservancia del marco jurídico por un gobierno que pisotea todas las normas, que confronta abiertamente los mecanismos de defensa ciudadana como los amparos, que anuncia públicamente que no aplicará las leyes, no respetará los contratos o que expropiará sin indemnizar a los afectados, lo cual provoca una zozobra legal que paraliza muchas actividades productivas.

En tercer lugar, tenemos la creciente inoperancia de la administración pública federal a causa de las malas decisiones del actual gobierno, como la austeridad republicana que terminó en austericidio, el despido de expertos y la colonización con inútiles e incondicionales, que han afectado principalmente a las secretarías de Salud, de Educación, Turismo y Economía. El gobierno se ha convertido en un equipo de operación política y de campaña a favor de Morena, a través de los Siervos de la Nación y la distribución de programas sociales.

Luego, como cuarto punto, tenemos a la militarización como cortina de humo que esconde deliberadamente, por un lado, el auge del crimen organizado por la tolerancia gubernamental a sus actividades, y la consecuente elevación de los niveles imparables de violencia, inseguridad, venta de drogas, extorsiones, cobro de piso, trata de personas, robos por doquier y fraudes cibernéticos. Y, por otro lado, logra la opacidad de los contratos de obras y adquisiciones bajo el argumento de seguridad nacional y que ejecuta el ejército.

Como quinto punto, tenemos la precarización de las finanzas públicas que han consumido los ahorros y que gasta improductivamente los presupuestos en megaproyectos, programas sociales y en la cobertura de los déficits de PEMEX y la CFE. Obras que no detonan el desarrollo económico.

En sexto lugar, tenemos el riesgo de estallamiento de una profunda crisis económica y social por falta de inversión privada, por la persecución de empresas, por los prejuicios estatistas que han provocado el intervencionismo del gobierno en los proyectos y planes de los sectores productivos y los ataques a propiedad privada, los ahorros y el patrimonio de los mexicanos. Esta situación y los efectos acumulados de la pandemia han generado desempleo, precariedad, hambre y una caída brutal en el nivel de vida de muchas familias que volverían incontrolable un estallido social.

En séptimo lugar está el incumplimiento de las obligaciones derivadas de los acuerdos comerciales, particularmente del T-MEC, que ha paralizado las inversiones en rubros como el sector energético, además de que amaga con elevar la conflictividad y las posibles sanciones contra México por paneles y aranceles que se impongan como represalia a la inobservancia de los tratados por parte del gobierno mexicano.

En octavo punto pongo el populismo diplomático que no sólo se postra ante las amenazas lanzadas contra México por los gobiernos de Estados Unidos del ex presidente Trump y el actual Joe Biden, sino que al mismo tiempo adopta una perspectiva vergonzante de sometimiento ante regímenes dictatoriales y totalitarios del continente, léase Cuba, Venezuela, Nicaragua, o que defiende a mandatarios golpistas o denunciados en sus propios países como el caso de Bolivia, Argentina y Perú.

En noveno punto tenemos a la persecución sistemática de críticos y opositores recurriendo al linchamiento mediático en las conferencias mañaneras, generando un clima de confrontación, ira y odio entre los mexicanos, lanzándose por igual contra políticos, comunicadores, líderes ciudadanos, intelectuales u organizaciones de mujeres, derechos humanos y defensores comunitarios. Aquí es peligroso el espionaje que ha confesado realizar, pero ahora como acciones de “investigación para inteligencia”. No desapareció en Cisen como lo había prometido en campaña, sino que se fortaleció y además el ejército adquirió una estructura de inteligencia de vanguardia.

Y como décimo, tenemos el deterioro de las condiciones de bienestar y gestión ambiental que reducen gradualmente la calidad de vida en las comunidades, tanto urbanas como rurales, que padecen la falta de agua, la contaminación, el crecimiento no planificado, la degradación ambiental, la tala y sobreexplotación de bosques y selvas. Simplemente vemos como la falta de planeación de sus gobiernos y con el fenómeno de gentrificación en la CDMX han subido el costo de la vivienda en varias zonas de la ciudad, haciéndola inaccesible para los ciudadanos. Lo mismo podemos apreciar en Baja California.

De este tamaño es el reto que la oposición tiene enfrente y urge que encuentren las coincidencias para construir en la diversidad, porque polarizados ya estamos.

Columna originalmente
publicada en El Vigía